El Gobierno llegó a un acuerdo con el staff del FMI. El detalle, no menor, es que el propio organismo decidió emitir, también y en espejo, un comunicado, muy parecido al señalado por Economía, pero con énfasis en los puntos salientes de la clásica política económica que suele evangelizar el FMI.
El ejercicio es, entonces, navegar en las aguas de lo que el organismo espera que surja del flamante entendimiento, guiándonos por lo que su equipo escribió a modo de resumen en la jornada del anuncio.
Los detalles del acuerdo seguramente se conocerán en las próximas horas, pero una primera lectura podría señalar que el FMI aplicará a la Argentina las recetas tradicionales de recorte del gasto (subsidios), freno de la emisión, tasa de interés real positiva, tipo de cambio real con ajuste permanente para no perder contra la inflación, lo que redundará ineludiblemente en un freno a la actividad.
Poco parece indicar el FMI -pero también el propio Gobierno- de la política para generar mayores ingresos fiscales (la única posible para evitar un ajuste importante) y mucho menos si dentro de ese promocionado capítulo, no existe tampoco un apartado para poner blanco sobre negro en cuestiones tan sensibles y ninguneadas como la evasión impositiva, el contrabando de granos para su exportación y la brutal informalidad que afecta tanto a los que no están dentro del sistema como a los sectores de ingresos medios y pymes que, estando adentro, registran una presión creciente en materia impositiva.
Dicho de otro modo, por lo que se conoce hasta ahora, con lo expuesto, podría no tenerse una mejora de administración tributaria, por ende, tampoco una nueva expansión del PBI esperado que alcancen para cumplir la meta fiscal fijada en el acuerdo.
El equipo, encabezado por Julie Kozack, directora Adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de Misión para Argentina, prefirió invertir la lógica de lo pactado. Señalaron que el acuerdo se basa en “políticas económicas y financieras” y que son dichas políticas las que merecerán el “respaldo” de un Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (EFF) de 30 meses.
Dice el FMI que el EFF, con un acceso solicitado de DEG 31.914 mil millones (equivalente a US$ 45 mil millones o 1000 por ciento de la cuota), “tiene como objetivo proporcionar a Argentina apoyo presupuestario y de balanza de pagos para abordar los desafíos económicos más apremiantes del país y mejorar las perspectivas de todos los argentinos mediante la implementación de medidas destinadas a promover el crecimiento y proteger los programas sociales esenciales”.
Pero inmediatamente advierte que el acuerdo “aún está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI”, que ha sido “informado informalmente” sobre los elementos del programa propuesto. El organismo señala entonces que “se espera que el Directorio Ejecutivo analice la solicitud del programa respaldado por el FMI después de que el Congreso Nacional argentino apruebe el programa económico y financiero incorporado en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y los documentos relacionados que las autoridades compartirán con los legisladores. Esta consideración legislativa es requerida por el derecho interno argentino”.
Lo que viene es el epicentro del diagnóstico trazado por el FMI para intervenir en las políticas económicas argentinas. Dice el Fondo que “los profundos desafíos socioeconómicos de Argentina se han visto exacerbados por la pandemia mundial” y que el acuerdo cerrado con el Gobierno es “un programa pragmático y realista, con políticas económicas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar los desafíos profundamente arraigados de
Argentina para el crecimiento sostenible”. Acto seguido subraya lo que, en opinión del organismo, son los puntos centrales a los que apunta el programa: por un lado, que “el programa busca abordar de manera duradera la alta inflación persistente” y que la estrategia que se pondrá en juego es la más conocida por todos: reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal y tasas de interés reales positivas para financiarse en pesos.
Este es un punto complejo. Lo que pide el FMI (y lo que el Gobierno compromete) aparenta, a priori, un escenario de dificultad relacionado con la reducción de la emisión monetaria. Sabido es que el FMI le pide al BCRA que termine emitiendo apenas 1 punto del PBI para financiar al Tesoro, por lo que el Gobierno tendría que salir a buscar el financiamiento restante, en pesos, colocando deuda en el mercado local.
Hay ahí un detalle adicional, porque el Gobierno no sólo debe emitir deuda nueva en pesos, sino además renovar o “rollovear” casi 5 billones de pesos de deuda ya emitida durante 2022. Difícil con un mercado tan poco profundo como el local que, a la postre, también deberá responder por el trabajo del BCRA esterilizando Leliqs. El problema es que si el Estado toma todo el crédito disponible, ¿quién le va a prestar al sector privado? Esto impulsaría más la tasa de interés y frenaría la actividad aún más. ¿Qué medidas adicionales tendrá reservadas Guzmán?.
El FMI menciona la necesidad de un “mejoramiento creíble de las finanzas públicas” (es decir, menos déficit) y que el mismo se basará “en un conjunto equilibrado de políticas de ingresos, con énfasis en la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento, y políticas de gastos, que reduzcan los subsidios energéticos no focalizados y se reorienten hacia inversiones sociales y de infraestructura más productivas, para fortalecer la sostenibilidad de la deuda y apoyar la recuperación”.
Sostiene también el FMI que “el programa también buscará fortalecer la balanza de pagos de Argentina a través de políticas que apoyen la acumulación de reservas y las exportaciones netas, y que allanarán el camino para un eventual reingreso de Argentina a los mercados internacionales de capital” a los que suma que será necesario incluir “políticas encaminadas a mantener un tipo de cambio efectivo real competitivo en el contexto del régimen de paridad móvil”. Por último, sostiene el FMI que “el programa incluirá elementos para mejorar el crecimiento y la resiliencia a través de políticas para movilizar el ahorro interno, fortalecer aún más la gobernabilidad y la transparencia, y fortalecer la inclusión laboral, de género y financiera”.
(Fuente: Ámbito)
