Intendencia de San Ignacio hizo un country privado en tierras cedidas por la EBY para su “uso social”

El municipio de San Ignacio es uno de los siete municipios de la costa del río Paraná que, en diciembre último, salió públicamente a endurecer sus reclamos ante la Entidad Binacional YacyretáPresionan por más “resarcimientos” y “cumplimientos de convenios” sellados en las sucesivas presidencias de Cristina de Kirchner y Mauricio Macri.

Pero en la estrategia de los alcaldes renovadores –o algunos de ellos, al menos- se esconden algunos negocios “non sancto”, para no decir en criollo que detrás de esa movida puede haber algo “inmoral o indecente”.

En el caso de San Ignacio, concretamente, se puede comprobar que la Intendencia de esa localidad quedó sensiblemente expuesta antes las autoridades del Gobierno nacional, por no haber cumplido con los “objetivos sociales” que firmó -y se comprometió a cumplir-, para que una bahía natural del río que provocó la cota 83 de la represa Yacyretá, se convierta en “uso público”. Y no en un fenomenal negocio de inversiones inmobiliarias privadas, en un selectivo country, con salida al majestuoso Paraná.

Así lo demuestran los papeles firmados y un relevamiento más que puntilloso que realizaron, en conjunto, el área de Jurídico y de Agrimensura de la EBY. Pero no ahora, claro está, sino en tiempos de gestión macrista, ya que fue el ahora senador del PRO, Humberto Schiavoni, quien otorgó esas valiosas tierras a la intendencia de San Ignacio.

Lo que dice el contrato para la cesión en comodato

El contrato de comodato se firmó el 23 de marzo de 2017, bajo Resolución 15.877, entre el entonces director ejecutivo de la EBY, Humberto Schiavoni, y el también entonces intendente de San Ignacio, el renovador Juan Esteban Romero.

Se trata de un contrato de comodato de predios fiscales, propiedad de la EBY, ubicado en la zona noreste de la ciudad de San Ignacio, individualizados como Departamento 14, Municipio 64, Sección 01, Chacra 000, Manzana 000, Parcelas 014 y 014M, y Parcelas 003B y 026B.

En la cesión de esas tierras, costa del rio y con una pequeña bahía natural, el Municipio de San Ignacio recibió los predios fiscales con la obligación jurídica e institucional de “evitar la intrusión por terceras personas”, como asimismo en el “cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos para que las actividades que se desarrollen en el lugar, las cuales no deberán alterar el fin de utilidad pública de los inmuebles…, de acuerdo a lo que sostiene la cláusula segunda del comodato o permiso precario de explotación.

Es más, en la cláusula cuarte se insiste con lo mismo: “El objeto de la celebración del presente comodato lo constituye el cuidado, mantenimiento y seguridad de los inmuebles antes mencionado, como así también la utilización de los mismos en favor de la comunidad local con sentido social …”.

Pero nada de eso se cumplió, al menos en la intendencia de Romero, que dejó el cargo en manos de su delfín político renovador, Javier Peralta, quien ahora lidera los reclamos para pedir más tierras fiscales y otros resarcimientos a la Entidad Binacional, vaya a saber con qué propósitos de negocios institucionales o privados.

El hallazgo de chalets de fin de semana y el negocio inmobiliario

Lo cierto es que cuando los técnicos del área Jurídica y de Agrimensura fueron a inspeccionar esos predios junto a la costa del Paraná, se encontraron con varios chalets de fin de semana que nada tienen que ver con la “utilización pública” de esas tierras para “desarrollar actividades comunitarias con sentido social”, como exige el contrato de comodato.

Por lo general, esas tierras fiscales de la EBY suelen ser utilizadas para actividades de clubes o asociaciones civiles sin intenciones lucrativas, o esparcimiento de uso público, como playas o espacios públicos a la vera del río.

Pero, por lo que se observa en el relevamiento de la EBY, el ex intendente Romero y su sucesor en el cargo, Peralta, están promoviendo la creación de un gran y millonario negociado inmobiliario con “amigos del poder”. Sin que hasta ahora se sepa si esos jugosos dividendos ingresan a las arcas del Estado (municipal). O en la caja personal de algunos de los mencionados. Habrá que esperar los descargos políticos del caso y el transcurrir de la investigación institucional.

(Fuente: Misiones cuatro)