domingo, 26 mayo, 2024

Denuncian que las clínicas privadas no aplican el protocolo de COVID-19 en el manejo de cadáveres

Prestadores del servicio de retiro y traslado de fallecidos harán esta tarde una protesta en el cementerio de Avellaneda para reclamar porque las clínicas privadas no están aplicando el protocolo para el manejo de cadáveres con sospecha o confirmación de COVID-19. Advierten que así se está poniendo en riesgo su salud, la de sus familias y la del personal de las instituciones médicas.

Si bien aún no está confirmado cuánto sobrevive el virus en el organismo una vez fallecida la persona, el Ministerio de Salud de la Nación y el de la provincia de Buenos Aires emitieron recomendaciones para el manejo de cadáveres con diagnóstico confirmado o presunto de coronavirus, que incluyen evitar entrar en contacto con el cuerpo, con indicaciones precisas sobre cómo debe ser desinfectado y embolsado en una bolsa estanca hermética, de un grosor especial, que no debe volver a abrirse para minimizar los riesgos de contagio.

El reclamo se hará frente al ingreso de Crisólogo Larralde al 4100, en Avellaneda, a la 16. Participarán prestadores independientes de Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes y Berazategui que dan servicios a las funerarias para retirar los cuerpos de hospitales y sanatorios para su inhumación o cremación. La de hoy no es la primera protesta que hará este grupo autodenominado “Unidad de Traslado Zona Sur”. Ya hicieron otra el viernes último en el cementerio de Lanús, y ya se les sumaron algunos “ambulancieros” -como se los conoce en el rubro- de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

El reclamo se centra en tres puntos: la no aplicación del protocolo para casos de COVID probable o confirmado, la entrega de cadáveres sin medidas de prevención adecuadas, y el modo en que se confeccionan los certificados de defunción, que podría implicar un subregistro de casos. La de hoy no es la primera protesta, ya hicieron otra el viernes último en el cementerio de Lanús.

“Te dan los cuerpos sin medidas de seguridad, y muchas veces no se consigna en el certificado de defunción que la muerte fue por COVID-19, ya sea positivo o probable. No te los entregan en una bolsa estanca más gruesa como corresponde, que debería ser de color rojo, o por lo menos en doble bolsa para aislarlo. El personal de los establecimientos tampoco tiene la ropa y los elementos adecuados para realizarte la entrega de los cuerpos”, sostiene Alejandra Santos, dueña de una pequeña empresa de traslados con su marido Jorge Aguirre, en diálogo con un medio nacional.

“Tenemos muchas clínicas que te dicen ‘vení a buscar el certificado mañana’. Porque no tienen médico a la noche y te entregan el cuerpo sin la documentación, y no sabemos el diagnóstico. Y no te dicen si es un caso probable o no”, relata sobre lo que ocurriría en varios nosocomios del sur del conurbano.

“Por ejemplo, hay un caso de posible COVID que tengo que retirar el cuerpo del hospital de la UOM sobre la Av. Hipólito Yrigoyen. Falleció el viernes, pero no entregan el cadáver hasta que no esté el resultado del test. Y entonces tienen el cuerpo hace cuatro días, en una camilla, contaminando el lugar, porque no funciona la heladera. Y en la Clínica Palaá de Avellaneda, cuando fui a buscar un cuerpo, había un caso de posible COVID que estaba en una bolsa negra, pero no como correspondía, sino con la cabeza afuera, con una sábana cubierta de líquidos del cuerpo”, relata Santos.

El último eslabón

Marcelo Racco – titular del Gruppo Racco SA y ex presidente de Cámara Metropolitana de Empresas de Sepelio (CAMESE)- coincidió en que que “el problema es que las clínicas privadas no están aplicando el protocolo”. Y detalló: “Cuando un paciente con COVID-19 fallece, desde el lugar de aislamiento donde estaba, tiene que ser puesto en una bolsa tipo estanca, que implica que si ese cadáver fuera tirado al agua, no se moja. Esa bolsa tiene que ser luego desinfectada y puesta en un lugar especial, no en la morgue común de la clínica. Esa bolsa no se vuelve a abrir y no se permite el reconocimiento de la familia. Nosotros deberíamos retirar el cuerpo en esas condiciones, pero no están cumpliéndose”.

Respecto de las responsabilidades sobre la falta de control, en opinión de Racco, el Ministerio de Salud de la Provincia está “desbordado, con demasiadas presiones y problemas”. “El ultimo contacto institucional que tuvimos, fue a través de nuestra Federación. Intercambiamos notas pero no hubo nada oficial hasta ahora. Somos el último eslabón de la cadena”, se lamentó.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,explicaron que “hay un protocolo de manejo de cadáveres que se distribuyó en todos los establecimientos públicos y privados”, cuya copia enviaron a este medio. Y señalaron: “Hoy el único procedimiento que existe para que nosotros podamos intervenir es una denuncia, como pasó en la clínica de Villa Adelina, o en la de Brandsen. No tenemos competencia para intervenir de oficio”.

Dueños de una funeraria infectados

Por la falta de precauciones en la atención de una mujer fallecida el 6 de abril en el Centro de Salud Norte, en Villa Adelina (partido de Vicente López), ya hay al menos 17 personas contagiadas. Entre ellas, 10 empleados y profesionales de esa clínica, así como los dos dueños y la empleada de M.Menini Sepelios, la cochería contratada para la cremación que aún no se concretó. La paciente de 65 años nunca fue tratada por coronavirus, pese que tenía los síntomas, ni le hicieron el hisopado mientras vivía. Recién se conoció que tenía COVID-19 post mortem.

Ante las dudas sobre la causa de su muerte, la familia acudió a la Justicia y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó el test al cuerpo de la fallecida, así como a todos los que estuvieron en contacto con ella y su aislamiento obligatorio. Además, le ordenó al Ministerio de Salud de la Provincia la clausura preventiva del lugar.

El cierre preventivo iba a tener el lugar el viernes pasado, pero se pospuso después de un amplio operativo de auditoría e inspección epidemiológica en el lugar llevado a cabo por la cartera sanitaria bonaerense. En colaboración con el PAMI y el Municipio de Vicente López, se está realizando un control de la aplicación del protocolo y un seguimiento del estado de los 29 pacientes -todos adultos mayores-que permanecen internados hasta ser derivados a otra institución.

La Merced, en Martín Coronado

El titular del Gruppo Racco SA mencionó otro caso en los que intervino su funeraria y no se cumplió el protocolo en la entrega de cadáveres. Se trató del Hospital Privado Nuestra Señora de La Merced, en la localidad bonaerense de Martín Coronado. “Lo entregaron en bolsa negra común, sin cumplir el protocolo. Nos dijeron que tomemos las precauciones de COVID-19, pero no lo pusieron en el certificado de defunción, solo decía neumonía. Sabíamos que falleció de la enfermedad por la familia. La familia pleno conocimiento de que tenía COVID-19 porque había viajado a España, y la esposa y su hijo estaban en cuarentena. Pero en el Registro Civil de Caseros figuró otra causa”, advirtió Racco. Un medio nacional  confirmó con el hijo del hombre fallecido, Gustavo Filomeno, que en el acta de inscripción de la defunción solo decía “paro cardíaco”.

Esta clínica está implicada en otra denuncia que hizo la familia de una mujer de 84 años, fallecida el domingo. Fue ingresada el sábado pasado con fiebre y problemas respiratorios, como posible caso COVID-19, y le hicieron el hisopado. Pero murió en la madrugada antes de saber cómo salió el test.

Según le contó a este medio Jorge D’Angelo de la cochería Santa Lucía, del partido de San Martín, la clínica le pidió que retiraran el cuerpo, pese a que el resultado aún no estaba. “Si bien en el certificado provisorio decía ‘presunto COVID-19’, la clínica no estaba cumpliendo con el protocolo en la entrega. Tampoco le dijo a los familiares si debían mantener aislamiento por haber estado en contacto con la mujer fallecida”.

La familia decidió hacer la denuncia en la comisaría y ayer se presentó en el Juzgado Federal de Tres de Febrero. El juez Juan Manuel Culotta ya ordenó las primeras medidas. Por un lado, le pidió al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que se constituya en la clínica para verificar si la mujer había sido sometida al test de Covid-19, pidió su historia clínica y ordenó que se cumpla con la entrega del cuerpo cumpliendo la normativa prevista para estos casos, y con la presencia de un veedor del Ministerio. Asimismo, le pidió a la cartera sanitaria que haga una auditoría a través de un epidemiólogo para que verifique si esta cumpliendo el protocolo.

(Fuente:Infobae)

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