El Estado podrá realizar compras y contrataciones directas con miras a asegurar el normal abastecimiento de bienes y la disponibilidad de personal indispensables para afrontar la crisis del coronavirus, de acuerdo a un decreto aparecido este miércoles en el Boletín Oficial.
El Decreto 287/2020 profundiza los lineamientos iniciados por la Ley de Solidaridad Social sancionada en diciembre pasado, que facilitaron los medios de contrataciones con los que cuenta el Ministerio de Salud durante el período de emergencia sanitaria (extendida por un año mediante el Decreto 260/2020).
El nuevo decreto modifica al anterior e introduce mayores facilidades para la obtención de insumos y para la disponibilidad de personal en áreas claves, como la provisión de servicios médicos y los controles de precios. Al respecto, Alberto Fernández criticó en las últimas horas los aumentos de precios de productos necesarios para combatir la pandemia. “El riesgo no puede ser negocio para nadie”, dijo el Presidente.
Se faculta a la Administración Nacional y a las Empresas y Sociedades del Estado a “efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones específicos”.
“En todos los casos”, se detalla, “deberá procederse a su publicación posterior en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones y en el Boletín Oficial”.
Por otro lado, se dispone que la jefatura de Gabinete podrá mover al personal de los sectores de la Administración Nacional y empresas estatales, con el fin de fortalecer áreas claves y cumplir con “la efectiva atención de la emergencia sanitaria”.
El decreto justifica la medida para garantizar el acceso a la “protección de la salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales”.
El decreto justifica la medida para garantizar el acceso a la “protección de la salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales”.
En cuanto al movimiento de trabajadores entre esferas distintas del Estado, se afirma que obedece a una “demanda que supera la prevista al momento de diseñar su dotación de personal”.
Entre sus tareas estarán la “inspección y relevamiento de la actividad comercial (…), para contar con herramientas necesarias para garantizar el normal y habitual abastecimiento de aquellos bienes indispensables”, es decir, los bienes “tendientes a la protección de la salud individual y colectiva”.
(Fuente:CN)
