La Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma de la justicia de Santa Fe, un proyecto impulsado por los diputados de esa provincia que suma fiscales y jueces para actuar en delitos federales como el narcotráfico, cuya escalada en Rosario la convirtió en una de las ciudades más violentas del país. Fue aprobado con 214 votos y la abstención de los cuatro diputados del Frente de Izquierda.
Pero para la oposición y también algunos sectores del oficialismo la norma que aún debe tratar el Senado poco sentido tiene si no se implementa el Código Procesal Penal, que asigna a los fiscales la tarea de investigar para agilizar la resolución de las causas.
El Congreso sancionó una ley en 2014 para implementarla, pero el gobierno de Mauricio Macri dispuso que una bicameral defina la aplicación en cada ciudad.
Desde 2021 que no se conforma porque faltan designar los senadores, un trámite que tiene a cargo Cristina Kirchner, quien no estaría interesada en darle poder a los fiscales por su enfrentamiento con el procurador Eduardo Casal, encargado de evaluar la conducta de cada uno de ellos y definir los nombramientos y traslados.
“El Código Procesal Penal se implementó en Jujuy y Salta y los resultados fueron extraordinarios: los tiempos se acortaron de 5 o 7 años a uno, que es además todo lo que demora la instrucción. Queremos implementarlo en Santa Fe y este proyecto tiene esa perspectiva”, reclamó el oficialista Roberto Mirabella, mano derecha del gobernador de Santa Fe Omar Perotti, quien siguió la sesión desde el recinto.
Durante la sesión, el mandatario brindó un rueda de prensa en la que pidió mayor control en las cárceles y pidió bajar la expectativa sobre el rol de las fuerzas federales. “Pensar que se resuelve mágicamente sería un grosero error. Un tema que fue creciendo los últimos 12 años requiere de medidas firmes, permanentes y juntas al mismo tiempo”.
El gobernador reconoció que “seguir mejorando nuestra institución policial es fundamental”. Los diputados oficialistas del Frente de Todos fueron más explícitos en las críticas a la fuerza local. Mirabella recordó que 7 de los 22 condenados durante el juicio del caso del narco Esteban Alvarado eran policías.
Casi al final del debate, su compañero de bloque Eduardo Toniolli, también rosarino, pidió una depuración de la policía local y acusó al socialismo de no haberla podido controlar durante los 12 años que gobernó. “Algunos hablan como si no tuvieran que ver con la política de la provincia”, se indignó.
El proyecto fue presentado el año pasado por 18 de los 19 diputados de Santa Fe (sólo no firmó Lucila Lehmann, de la Coalición Cívica), pero recién se trató en comisión cuando fue atacado el comercio del suegro de Lionel Messi en Rosario, con un mensaje mafioso. La oposición repitió durante la tarde que la ley hubiera quedado cajoneada sin ese episodio.
Se crean 50 cargos en la justicia federal. 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario y 7 en Santa Fe, las ciudades más castigadas por el narcotráfico. Y se incorporan 9 defensores públicos, 9 jueces penales con funciones de garantías y otros 6 de revisión; dos jueces con funciones de juicio y ejecución con asiento en Rosario y Santa Fe.
Según la oficina de presupuesto del Congreso, la reforma tendrá un costo fiscal de 1000 millones de pesos en salarios. El diputado Carlos Heller agregó durante el debate en comisión que se gastarán además 6000 millones en infraestructura. Sólo cuestionó estás cifras el liberal José Luis Espert, pero votó la ley igual.
“Esto es un salto cualitativo gigante porque hace 30 años el delito de la narcocriminalidad no existía”, destacó Mirabella.
Y apuntó que “según la Procunar, en Santa Fe las causas de estupefacientes son entre 5 y 10 veces más que en el resto de las provincias. Y se tramitan el 20% del total. Tenemos un nivel de violencia urbana inusitado. En Rosario el homicidio cuadriplica la media nacional y el 80% es por ajuste de cuentas entre bandas de narcos, que producen terror”.
Las críticas por la no aplicación del Código Procesal Penal dominaron el debate. “No se lleva a cabo por una decisión política. Nos cuesta creer”, sostuvo el radical Mario Barletta, ex intendente de Santa Fe.
“Tampoco sabemos porqué se eliminó la lucha contra el narcotráfico. El procurador advirtió sobre las maniobras en el servicio penitenciario. Los criminales se transformaron las cárceles en sus despachos”, agregó.
“¿Cómo vamos a hacer para aplicar el Código Procesal Penal? ¿Se tendrán que ir comunicando los diputados de cada provincia? ¿Tenemos que esperar que la vicepresidenta tome la decisión política de armar la bicameral? No es un tema para agarrarlo para la joda, porque el narcotráfico es un delito que corrompe nuestras instituciones públicas”, protestó el socialista Enrique Estévez, oriundo de Rosario.
Graciela Camaño se sumó al reclamo de la oposición santafesina. “Menos juicio político y más aceptación de las responsabilidades políticas que tenemos para que la justicia funcione. La justicia no va a funcionar si no entendemos de una vez por todas que somos los responsables de su funcionamiento”.
El macrista rosarino Federico Angelini anunció que si JxC gana en diciembre “a cada policía que no cumple con su trabajo y que ensucia a la institución, a cada político corrupto, a cada juez que deja libre asesinos, hace lentas las causas y demora procedimientos, y a cada empresario que blanquea el dinero sucio que se genera fruto del narcotráfico, les aviso que los vamos a ir a buscar casa por casa, los vamos a meter presos los vamos a hacer que se pudran en la cárcel por haberle hecho tanto daño a una ciudad tan linda como Rosario”.
Le respondió su coterráneo Marcos Cleri, de La Cámpora. “Con la inseguridad no se especula, no hay que hacer turismo electoral, para que con el dolor de los que vivimos en Rosario alguno pueda caranchear una presencia en algún medio de comunicación”.
El cierre estuvo a cargo del oficialista Germán Martínez, también de Rosario, quien evito hablar del reclamado código procesal penal. “Hay unas tendencias en la política en poner la responsabilidad en el otro. Nos faltó empatía y un poco de perspectiva. ¿Hace 20 años había más o menos radarización? Mucho más. Hace 20 años no existía”, se defendió.
Martínez destacó además que se sumaron fuerzas federales y provinciales y pidió poner más hincapié en el lavado de dinero. “Cuando mencioné este tema al pasar algunos miran para el costado. Presentamos una ley para tener control de la una de las herramienta societaria, como son las sociedades de acción simplificada (SAS), que es un elemento clave para lavar dinero. No miremos para el costado”.
