En el marco de la causa RR Vip, la Justicia Federal de Corrientes ordenó que el complejo Tangará y un aserradero de Cerro Corá sean administrados por la UIF
ace diez años el santafesino Roberto Rodríguez se presentaba como un importante empresario al frente de fuertes inversiones en Misiones. La más llamativa sin dudas fue una concesionaria de autos de alta gama ubicada sobre la avenida Quaranta de Posadas.
Sin embargo, todo ese dinero venía del narcotráfico y todos los emprendimiento eran maniobras para lavarlo. Así lo determinó la Justicia Federal de Corrientes, quien lo condenó a 13 años de prisión por dirigir una organización que lavó 158 millones de pesos provenientes de la venta de estupefacientes.
El fallo del Tribunal Federal de Corrientes se conoció en marzo del 2018 y quedó firme en julio del 2021, tal y como informó este medio oportunamente.
En el marco de este proceso, en los últimos días la Justicia le propinó a Rodríguez lo que se entiende como el golpe final para su desfinanciación al ceder definitivamente otros dos inmuebles a la Unidad de Información Financiera (UIF). El fallo tiene fecha del 2 de febrero (jueves pasado) y fue publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema de la Nación.
Se trata del complejo turístico Tangará, ubicado en la localidad de Montecarlo y un inmueble que supo ser un aserradero en la localidad de Cerro Corá.
Mediante esto el Tribunal Oral en lo Federal de Corrientes se ofició “al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Misiones, a efectos de que proceda a anotar los inmuebles (…) en los Registros respectivos a favor del Estado Nacional, con afectación a la Unidad de Información Financiera (UIF)”, consigna el documento.
Características
El predio Tangará está abandonado y cuenta con diez hectáreas situado a la altura del kilómetro 1.515 de la ruta nacional 12. Posee diez cabañas, tres departamentos y una casa ofrecida como suite, además de una pileta olímpica y otras de poca profundidad para niños, con opción de una climatizada con hidromasaje. Tiene canchas de fútbol, tenis y básquet, salón de eventos, quinchos con parrillas y estacionamiento.
El aserradero, en tanto, está ubicado en la esquina de las calles Carlos Bosetti y Ángel Blanch, de Cerro Corá. Es un local comercial céntrico que fue abierto al público en noviembre de 2013 con dedicación exclusiva a la venta de artículos de ferretería, materiales eléctricos y de construcción.
Al momento de conocerse la sentencia, en 2018, el coordinador de la Agencia Regional Litoral de la UIF -que participó del proceso como querellante-, Gustavo Abrazián, anticipó a El Territorio que los bienes decomisados iban a ser destinados a la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El complejo de cabañas en la actualidad se encuentra abandonado.
“Una vez logrado eso vendrá un proceso para tomar posesión ya que muchos están en manos de depositarios judiciales o en dependencias de las fuerzas de seguridad. También habrá que transferirlos a nombre del Estado Nacional y posteriormente tramitar ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado su destino definitivo, que por lo general es el remate o su afección a un fin público”, dijo.
Independientemente del área del Estado a la que se asignen los recursos, el funcionario ponderó oportunamente que lo importante “es que se han podido recuperar todos estos bienes para la sociedad, para ser destinados a un fin público y, a la vez, se vació de contenido económico a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero en varios provincias, para desarticular y quitarle poder contribuyendo también a mejorar la seguridad de la región”.
La agencia de autos
Respecto a la agencia de autos de lujo, un mes después de la sentencia el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso que el inmueble pase a manos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) a modo de depositario judicial.
La decisión se dio a partir de un pedido de la Agrupación IV Misiones de dicha fuerza federal, cuyas autoridades consideraron que el local ubicado en avenida Quaranta 6195 de Posadas podía ser adecuado para albergar las oficinas del Centro de Reunión de Información Misiones, de la Unidad de Procedimientos Judiciales y del Grupo de Investigaciones de Delitos Económicos.
Ante este pedido, el Tribunal correntino dio el visto bueno a la medida, en consonancia con las opiniones vertidas tanto por la Fiscalía como la Afip, parte querellante en la causa por lavado de activos.
Sentencia
Rodríguez fue condenado junto a otras seis personas -entre ellas su madre, su pareja y su ex pareja- por lavar 158 millones de pesos provenientes del narcotráfico. La sentencia se dio a conocer el 15 de marzo del 2018 luego de un extenso proceso que se inició en noviembre del año anterior.
Según la sentencia, firmada por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni, a la que tuvo acceso este medio, todos los enjuiciados fueron considerados penalmente responsables por el delito “lavado de activos de origen delictivo agravado por cometerse en habitualidad y en banda”.
Sin embargo, sólo Rodríguez, que tenía antecedentes por narcotráfico y recibió la pena más alta, quedará detenido.
Al detalle, el señalado como cerebro del entramado financiero, Rodríguez, recibió 13 años de prisión, mientras que a su madre, Santa Elba Aquino (66), le correspondieron 10 años, al igual que a su pareja, Griselda Romina Sosa (37), y a su socio, Rafael Glibota (65).
En tanto, su ex pareja, Daniela Rocío Villalba (32), recibió 6 años, mientras que Rosa Gladys Ramos (45) y María de los Ángeles Herrera (43) recibieron 8 y 4 años y medio, respectivamente.
De esta forma, el Tribunal dio lugar al pedido que habían realizado el fiscal general Carlos Schaefer y la fiscal auxiliar Gabriela López Breard, quienes en los alegatos habían solicitado las mismas penas. Por otra parte, los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) reclamaron a su turno penas de 20 años para Rodríguez, 16 años para Sosa y Aquino, 7 años para Glibota, Ramos y Villalba y 4 años y seis meses para Herrera.
La investigación que llevó tras las rejas a Rodríguez fue llevada adelante por el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, y elevada a juicio por el fiscal Flavio Adrián Ferrini. Según la acusación de este último, se pudo comprobar que el santafesino utilizó personas físicas y jurídicas (además de la concesionaria, el corralón en Cerro Corá, Emensur SRL y el complejo turístico en Montecarlo) para ingresar al mercado dinero y otros bienes provenientes del narcotráfico.
En ese sentido, en la resolución el tribunal ordenó decomisar 18 vehículos, entre los que se destacan un Porche Cayman 2010, un súper deportivo Toyota Coupé 86, siete camionetas Toyota Hilux y una Hilux SW4. También la Justicia retendrá, siempre que quede firme el fallo, con la concesionaria, el complejo turístico y el aserradero.
En cifras
$158 millones
La Justicia determinó que Rodríguez era el jefe de una organización que lavó 158 millones de pesos provenientes del narcotráfico.
(Fuente: El Territorio)
